LA NECESIDAD DE LOS CAMBIOS A LA LEY DE ABASTECIMIENTO.

Productores de soja retienen parte de la cosecha. Exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior. Compañías celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos. Grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en góndola. Fabricantes de aceites, yerba y azúcar limitan el abastecimiento al mercado. Firmas líderes en la producción de insumos difundidos (acero, cemento, aluminio, químicos y petroquímicos) ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, con menos cantidad, como si fuera un nuevo lanzamiento para subir el precio. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos con valores con diferencias de más 200 por ciento. Fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregar productos fallados sin posibilidad de cambiarlos. Las administradoras de tarjetas de crédito se equivocan con una frecuencia sorprendente el monto de la facturación o se dedican a intimar pagos de deudas inexistentes. Proveedores del servicio de Internet engañan con falsas promociones y no cumplen con la velocidad de conexión prometida al cliente.
Cada una de estas prácticas económicas y comerciales de productores de mercados sensibles y empresas con posición dominante les reporta una ganancia adicional a su habitual generada por el giro de sus negocios, perturba el funcionamiento del encadenamiento económico hacia las pymes y castiga el bolsillo
de los consumidores, además de la molestia y pérdida de tiempo que les ocasiona cuando padecen alguna de esas defraudaciones. El libre funcionamiento del mercado sin regulación estatal abona el terreno para desarrollar esos comportamientos que favorecen la concentración económica y la desigualdad. El Estado siempre interviene en la economía; cuando no fija normas para restringir esos abusos o cuando lo hace para limitarlos.
La reacción coordinada de las cámaras del establishment empresario contra un proyecto de ley que busca mejorar la actual Ley de Abastecimiento tiene un objetivo que excede el contenido de esa norma. La mira apunta a restringir la capacidad de intervención del Estado en la economía. Esta resistencia es la manifestación más transparente del poder económico en su aspiración de limitar la regulación estatal para seguir abusando de consumidores y de eslabones débiles de la cadena productiva. Los argumentos son tan repetidos que parecen gastados: “ataque a las empresas”, “genera incertidumbre”, “no fomenta la inversión privada y perjudica el empleo”, “impacta negativamente en la previsibilidad y estabilidad”, “afecta la transparencia de los mercados y el clima de negocios”. Todos lugares comunes del discurso de la construcción de la economía del miedo al servicio de preservar privilegios.
Fuente: ©Alfredo Zaiatpagina12.com.ar

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